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Definición del derecho a la educación

©David San Millan/ ActionAid
©David San Millan/ ActionAid

El derecho a la educación ha sido reconocido universalmente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 (aunque la OIT ya se refiriera a él en los años 1920), y desde entonces ha quedado consagrado en varias convenciones internacionales, constituciones nacionales y planes de desarrollo. Sin embargo, aunque la gran mayoría de los países han firmado y ratificado convenciones internacionales (tales como,  la Convención sobre los Derechos del Niño), son muchos menos los que han integrado estos derechos en constituciones nacionales o elaborado marcos legislativos y administrativos que garanticen su plena efectividad en la práctica. En algunos casos, el derecho existe junto con la presunción de que el usuario es quien debe pagar por él, desvirtuando así el concepto mismo de un derecho. En otros, el derecho existe en teoría, pero no hay ninguna capacidad de aplicarlo en la práctica. Inevitablemente, la falta de apoyo del gobierno al derecho a la educación afecta sobre todo a los más pobres. Hoy en día, todavía se niega el derecho a la educación a millones de personas alrededor del mundo.

Además de ser un derecho de por sí, el derecho a la educación conduce a la realización de otros derechos. La educación “crea la ‘voz’ mediante la cual es posible reclamar y proteger los derechos”, y sin educación las personas carecen de habilidad real “para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida”. Teniendo acceso a la educación, las personas pueden desarrollar las destrezas, la capacidad y la seguridad que necesitan para obtener otros derechos. La educación brinda a las personas la capacidad de informarse acerca de toda la gama de derechos que detentan y las obligaciones del Estado. La educación ayuda a las personas a desarrollar destrezas de comunicación para exigir esos derechos, la confianza para hablar en una variedad de foros y la capacidad de negociar con distintas autoridades y detentores de poder.  

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Se podría decir, por supuesto, que no existe un acuerdo absoluto sobre cómo definir los derechos humanos. Sin embargo, entre los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la educación se encuentra relativamente bien definido en lo esencial: la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; la enseñanza secundaria debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; la enseñanza superior debe hacerse accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Estas normas son mucho más claras que, por ejemplo, las normas relativas al derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho de participar en la vida cultural o el derecho a un nivel de vida adecuado. Esto no quiere decir, por supuesto, que estas normas agotan la definición del derecho, pues todavía tenemos el tema de la calidad como un gran problema de definición.

Algunos de los propósitos y objetivos de la educación, según se definen en los pactos y tratados internacionales, son:

El desarrollo de la personalidad humana, del sentido de su dignidad, de las aptitudes individuales y de la capacidad mental y física.

El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y de la identidad cultural, el idioma y los valores. 

Capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre.

Favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos los grupos, y mantener la paz.

Promover la igualdad de los sexos y el respeto del medio ambiente natural.

Sin embargo, para ejemplificar, estos objetivos son sin duda los más maleables y los menos seguros. Es más fácil verificar si la enseñanza primaria es gratuita y asequible a todos, que comprobar si su intención es desarrollar un sentido de dignidad o aptitudes personales o participar efectivamente en una sociedad libre. No que estos propósitos sean imposibles de definir, sino que ofrecen mucho más libertad de acción a los Estados, que la accesibilidad o la asequibilidad.