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Presupuestos y financiamiento de la educación

©Jack Picone/ActionAid
©Jack Picone/ActionAid

Presupuestos

Todos están de acuerdo en que la educación es una prioridad. Sin embargo, otorgar prioridad a la educación en el gasto público es otra cosa. Los gobiernos enfrentan muchos problemas a la hora de asignar sus presupuestos y, aunque digan que apoyan la educación, no siempre “hacen lo que predican”. Analizando los problemas de financiamiento, podemos llegar a conocer mejor las prioridades de los gobiernos y los factores que influyen en el gasto y, al mismo tiempo, reunir información que podría ser útil para nuestras campañas y nuestras actividades de incidencia. Algo fundamental para trabajar en este ámbito es entender las relaciones entre los niveles local, nacional e internacional. Lo que se gasta en educación a nivel local, está determinado por la política nacional, la que a su vez está influenciada por las agendas de política internacionales. Al ayudar a las personas a explorar los temas relacionados con el financiamiento de la educación, se crean diversas oportunidades para poner la situación local en un contexto más amplio y desarrollar mecanismos para que las personas locales participen en las grandes interrogantes de la política económica nacional.

 

Financiamiento de la educación y derechos humanos

El Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  dice: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Esto implica no solamente que los Estados deben dar prioridad a los recursos para el derecho a la educación, sino que también la comunidad internacional debe apoyar a los gobiernos nacionales para que logren este objetivo. Hay varias constituciones nacionales que protegen las asignaciones mínimas de recursos para los derechos económicos, sociales y culturales y “las constituciones de Brasil, Costa Rica y Filipinas, por ejemplo, han sido empleadas para impugnar las asignaciones presupuestarias para la educación, en los tribunales de justicia mediante procesos de interés público, y en las calles mediante acciones directas para exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales”.

Además de las obligaciones que impone el ICESCR a los gobiernos, existen otros dos puntos de referencia que considerar en el financiamiento de la educación. El primero es un informe de la UNESCO de 1996, Learning: The Treasure Within, Delors et al, en el que se sugiere que los gobiernos deberían invertir al menos 6% del PIB en educación. Actualmente esta cifra se utiliza extensamente como punto de referencia para los niveles mínimos de inversión en educación. El segundo punto de referencia es la Iniciativa Vía Rápida, que recomienda que los países gasten 20% de su presupuesto nacional en educación.

Estas recomendaciones y legislación pueden ser muy útiles para hacer campaña por la financiación adecuada de la educación, para asegurar que todos puedan ejercer su derecho a la educación. Y si ya existe este tipo de legislación a nivel nacional, es importante que la aprovechen en su trabajo de análisis de presupuestos, viendo si la legislación está siendo respetada y aplicada. Sin embargo, al emplear esta información, es importante considerar cuáles son los recursos disponibles, cuáles podrían ser las limitaciones del gasto público, y dónde y a quién dirigirse para velar por que se gaste lo necesario en la educación pública. Esto podría incluir el público en general, los gobiernos locales y nacionales y la comunidad internacional de desarrollo.

Vea las siguientes páginas:

Entender los presupuestos

Trabajar a nivel local

Relacionar el trabajo a nivel nacional y local

Trabajar a nivel nacional

Entender las limitaciones internacionales sobre el presupuesto nacional